La UPR y la Política del Estado Desertor

La UPR  sufre las consecuencias de la respuesta fortuñista  a la crisis económica que afecta al país, una respuesta que incapaz de promover el crecimiento económico va dirigida a asegurar la concentración y acumulación de riqueza en unas pocas manos. Esto ha provocado un empobrecimiento masivo, una altísima tasa de desempleo, la precarización del trabajo y una pérdida de ingresos entre muchos de los trabajadores de las clases pobres y medias del país. Además, esas políticas amenazan con  la pérdida y privatización de nuestro patrimonio público. Y arriesga también la educación pública universitaria, y con ella, la preparación académica de los futuros trabajadores y profesionales puertorriqueños.

Las políticas del gobierno actual, dirigidas a la reducción considerable y/o hasta la congelación del gasto público en aéreas importantes de servicio social han resultado en la reducción del presupuesto universitario. Ante esa situación la UPR  tuvo que optar entre dos alternativas. La primera era aceptar la reducción del presupuesto  e implementar “medidas cautelares” para manejar el déficit presupuestario. Esta alternativa implica aceptar, consentir  y efectuar lo que Francisco López Segarra llama “la política del Estado desertor.” Es la alternativa adoptada por la administración universitaria, cuya agenda, evidentemente inscrita en la hegemonía neoliberal, pretende confrontarnos con dilemas enmarcados en el problema económico de la asignación mas eficiente de recursos escasos entre fines múltiples para persuadirnos a consentir la medicina amarga.

La segunda alternativa, la que debía apoyar la administración universitaria,  propone que se le otorgue prioridad política a la educación  en todos sus niveles, incluyendo, por supuesto,  a la UPR. Esta alternativa demanda que el Gobierno de Puerto Rico retome su responsabilidad con la educación pública, reconociéndola como un bien público del cual nos beneficiamos todos. Esta es la alternativa defendida valientemente  por los estudiantes universitarios y que con tanto ímpetu e intransigencia rechaza el gobierno y la administración universitaria.

El embate neoliberal y las medidas cautelares han requerido, primero, una respuesta reactiva, de resistencia, de protesta, de defensa de esa institución pública por parte de los estudiantes, los profesores y los empleados no docentes. A ellos se han unido los padres, los trabajadores y sectores importantes de la sociedad civil. Y es precisamente el deber de los ciudadanos exigirle al gobierno de turno, a ese  desertor insensible a las necesidades universitarias, que convierta la educación universitaria en prioridad política. El gobierno debe retomar su responsabilidad con la UPR aportando  los recursos necesarios para la preservación y rehabilitación de las condiciones adecuadas para una educación pública de calidad. Y si no tiene los recursos debe buscarlos. Esa es su obligación. La nuestra, como ciudadanos, es exigírselo, demandárselo, requerírselo.